La Cámara de Diputados conocerá hoy en segunda lectura el proyecto de Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el cual propone una nueva normativa para el manejo de desechos con el desuso de las fundas plásticas y poliestireno expandido, conocido como foam, y crearía un nuevo impuesto temporal.
Una de las prioridades de la iniciativa es la implementación de un plan de gestión de los residuos que dirija las acciones estatales y prioridades que definirían los proyectos e iniciativas públicas en el sector. Este sería elaborado para un período de 10 años con la obligación de revisarse al menos cada tres años y estaría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente.
Entre las principales metas para el proyecto está la reducción de residuos generados por el foam, fundas plásticas y las botellas a partir de esta ley, lo que tendrá un plazo de 60 meses desde la entrada en vigencia de la ley.
Los residuos serían clasificados entre “sólidos urbanos”, “de manejo especial” y “peligrosos” aunque quedarían fuera del alcance de la ley los radioactivos.
También se prohíbe la importación de residuos peligrosos de cualquier tipo “para su tratamiento o confinamiento en el país”, por lo que aquellos residuos que ingresen de forma ilegal deberán ser retornados a la nación de origen en un plazo de 60 días.
Nuevo impuesto
El artículo 45 de la iniciativa hace mención a una “contribución especial” para la gestión de los residuos sólidos que deberá pagar toda persona moral o entidad por un período de diez años a partir de la promulgación de la norma.
Dichos fondos serían destinados a “mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos sólidos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos”.
Ley crearía un “Bono verde”
La nueva ley crearía el “Bono Verde” para financiar proyectos que reduzcan más de un 30 % los gases de efecto invernadero, que utilicen como mínimo el 30 % de residuos como combustible alterno con procesos no contaminantes o apliquen tecnologías destinadas al aprovechamiento de desechos. También podrán acogerse a este beneficio las personas jurídicas que inviertan en plantas de valorización.
Diario Libre
