El crédito de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha fortalecido no solo con la supervisión de los procesos electorales y análisis técnicos, sino con los recursos de que es apoderada sobre cualquier presunto abuso de poder.
De lo satanizada que estaba la entidad por legitimar la intervención estadounidense de 1965, la imagen ha mejorado. Tan así es que llama la atención que fue apoderada a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de una disputa por unos terrenos de vocación turística en Barahona, sin hablar de otros casos.
El ingeniero Manuel Carvajal Sánchez, por intermedio del abogado Héctor Rafael Tapia Acosta, demandó al Estado por la anulación de unos títulos de propiedad de unos terrenos localizados en Enriquillo y Pedernales.
Se trata de cinco parcelas que dijo fueron adquiridas de buena fe, que carecían de objeción, pero que el Estado rescindió la transacción bajo el alegato de que los títulos fueron registrados de manera fraudulenta.
Con el crédito que ha adquirido, la apelación a la OEA es un recurso que en lo adelante muchas víctimas enarbolarán para reclamar sus derechos.
El Nacional
