SANTO DOMINGO.- Hace unos minutos que el exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, salió de la cárcel de Najayo tras pagar la fianza impuesta con la variada medida de coerción por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien es investigado en una presunta estafa en la firma de un contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo, investigados en la denominada operación Camaleón.
A Beras-Goico y Padovani Báez se les varió la medida de coerción a prestación de garantía económica de RD$5 millones por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial.
Mientras que a José Gómez Canaán ( Jochi) la Corte dispuso el pago de RD$2 millones, quien la hizo efectiva ayer martes y se encuentra en su residencia.
El extitular del Intrant, al obtener su libertad condicional, dijo que se siente contento porque podrá ver a sus hijos.
El juez Rigoberto Sena dictó un año y medio de cárcel como medida de coerción a Beras, Jochi y Pedro Vinicio Padovani, los principales involucrado en la rúbrica del convenio presuntamente irregular entre el Intrant y la empresa Transcore Latam por más de 1,317 millones de pesos.
También cumplen medida de coerción por este caso: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
El grupo fue arrestado durante diversos allanamientos a residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
El Ministerio Público aseguró que hay indicios que señalan la participación de Atilano Díaz Warden, quien habría influenciado al encargado del departamento de compras del Intrant, Félix Rubén Reynoso Calderón, para modificar el pliego de condiciones del contrato, de manera extemporánea. Esto contribuyó a que no se llevó a cabo una evaluación técnica adecuada y transparente.
Asimismo, explicó se han detectado vínculos entre las empresas adjudicatarias Aurix SAS y Transcore Latam SRL, cuyos representantes, Julio César Martínez Lantigua y José Ángel Gómez Canaán, están asociados al proceso y que el monto adjudicado superaba los fondos disponibles, lo que añade una nueva capa de dudas sobre la legitimidad de este proceso de contratación.
